Como todo el mundo, los pobres necesitan tener acceso a servicios financieros constantemente. El crédito, concretamente, es un derecho fundamental que el sistema financiero tradicional ha excluido, por definición, a los más necesitados. No por ello, los pobres dejan de pedir prestado cuando tienen una necesidad vital -sufragar necesidades básicas de consumo en momentos de ausencia de liquidez- o microempresarial –emprender una nueva actividad o mejorar la existente-, sino que el coste de hacerlo es muy elevado, suficiente como para impedirles salir del círculo de la pobreza.

 

La culpa no es de los prestamistas o usureros que les cargan unos intereses altísimos, es un problema estructural e institucional y, aunque los avances realizados en los últimos años son satisfactorios, todavía son insuficientes. Más que los microcréditos –concepto relativamente nuevo- lo que saca de la pobreza es el viejo concepto del ahorro. De la misma manera que en la Europa del siglo XIX la revolución industrial fue financiada con los excedentes de la agricultura -hasta que no hubo ahorro no hubo inversión-, lo mismo sucede con las microfinanzas -concepto más amplio que, además del crédito, incluye la provisión de otros servicios financieros como el ahorro, seguros o transferencias a hogares con bajos ingresos-. En contra de lo que se creía durante muchos años, se ha venido demostrando que los pobres tienen capacidad de ahorro para devolver un préstamo.

 

 

El problema es de acceso, ya que disponen de pocos medios a su alcance para movilizar sus pequeños excedentes temporales. Las estructuras financieras de los países no han tenido en consideración este hecho durante mucho tiempo. Se han limitado a negar un derecho fundamental como es el crédito, argumentando que los pobres no tienen capacidad de pago ni bienes con los que responder en caso de impago de sus préstamos. Pero cuando se les ha dado una oportunidad, un gran número de ellos no la han desaprovechado y han demostrado que son muy buenos pagadores. Su voluntad de salir de la injusta situación de pobreza en que se hallan y su amor propio explican las elevadas tasas de retorno de los créditos, muy superiores a los registrados por la banca tradicional. Ésta, en consecuencia, ha visto un negocio rentable en los microcréditos y se ha introducido en el negocio de conceder créditos a los pobres, creando Instituciones Microfinancieras (IMFs) a tal efecto.

 

Obviamente, este tipo de instituciones busca una perspectiva comercial en absoluto incompatible con el deseable impacto social –que persigue el otro tipo de IMFs: el formado por ONG crediticias y generalistas-. De hecho, un buen programa de microcrédito ha de ser rentable en aras a lograr su sostenibilidad y permanencia en el tiempo. Parece claro que el objetivo de un programa de microfinanzas sea el de proveer servicios financieros permanentemente, y no tan sólo hacerlo durante un periodo de tiempo limitado, dado que las necesidades de las personas son permanentes. En definitiva, en el sector microcrediticio conviven dos tipos de prioridades: la social -a través de la rentabilidad- y la de la rentabilidad -a través de lo social.

 

 

Hoy la gama de entidades que atienden financieramente a la microempresa son:

 

Bancos Comerciales

 

Bancos especializados